El pasado 9 de febrero, sin informar ni consultar previamente al tejido asociativo y a las vecinas y vecinos del Raval, el Distrito de Ciutat Vella delimitaba un «Área de Conservación y Rehabilitación» para las calles Robador y Sant Ramón. Un proyecto de intervención urbanística que afectará a alrededor de 1.600 personas y 616 viviendas situadas en 63 fincas, y que se quiere llevar a cabo en uno de los escenarios emblemáticos del acoso inmobiliario, de la especulación y de la negligencia y la complicidad del Ayuntamiento con la criminalidad urbanística.
En unas calles donde se mezclan realidades sociales y económicas de naturaleza distinta -prostitución, pobreza, o personas víctimas de de sobreocupación o infravivienda- el Ayuntamiento pretende actuar con una reforma urbanística e inmobiliaria pura y dura, que sólo puede beneficiar a inversores privados y especuladores, y provocar la expulsión de las personas con menor poder adquisitivo.
De hecho, mientras el proyecto, página a página, habla de cohesión social, no ofrece alternativas sólida para la regularización de la prostitución, para las distintas situaciones de pobreza, o para los problemas de sobreocupación e infravivienda en un espacio cuyos vecinos, en el 98% de los casos tienen en el barrio su primera y única residencia.
Compartimos que la zona Robador-Sant Ramón, de la misma manera que otras del Raval, requiere de reformas urgentes que mejoren las condiciones de vida de los vecinos. Pero eso no pasa por una reactivación de la actividad del sector inmobiliario, sino por una actuación decidida contra aquellos propietarios que han degradado el parque de viviendas, el blindaje de los actuales residentes, la protección de las víctimas de infravivienda y sobreocupación, una regulación estable del trabajo sexual, y las soluciones de responsabilidad social y comunitaria para las situaciones de pobreza.
Los vacíos del proyecto:
· Es la primera vez que se experimenta en Catalunya la «Declaración de Área de Conservación y Rehabilitación», con los riesgos que conlleva no contar con precedentes que permitan valorar sus posibles consecuencias negativas.
· No tiene un estudio de impacto social, que especifique cómo afectará a la población residente, y si podrán seguir habitando en sus viviendas.
· No incluye un listado de fincas con indicios de acoso inmobiliario.
· No diferencia los casos de morosidad real de los de morosidad forzada pese a que en muchos casos la propiedad rechaza los pagos como pretexto para extinguir el contrato.
· No especifica los derechos de los actuales ocupantes de las viviendas, aunque la ley exige «establir, expressament, els drets i deures del propietari o propietària i dels ocupants legals».
· No cita el derecho de retorno, que según la Llei del Dret a l’Habitatge es aplicable a todos «els ocupants legals que tinguin llur residència habitual».
· No especifica los mecanismos de información y decisión que corresponden a los inquilinos y los pequeños propietarios en los convenios de rehabilitación, pese a que los convenios han de incluir a todas «les persones interessades en el procediment».
· No establece las condiciones exigibles a los propietarios en los convenios de rehabilitación, ni medidas de prevención frente a inversores especulativos.
· No establece medidas de protección y ayuda a pequeños propietarios afectados por ejecuciones hipotecarias.
· No concreta el realojo y las ayudas destinadas a las personas víctimas de situaciones de infravivienda y sobreocupación.
· No reconoce la situación de precariedad social que corresponde a las ocupaciones no-legales que, pese a no detentar derechos enmarcados en un contrato legal, son fruto de situaciones de precariedad, que merecen soluciones de justicia social.
· Confunde la actividad de meublè ilegal con la prostitución en domicilio privado, que no se encuentra prohibida por el ordenamiento legal vigente.
Los riesgos del proyecto
· La expulsión de los vecinos con contrato vigente, con el pretexto de obras de rehabilitación integral o declaraciones de ruina.
· El empeoramiento de la situación de las personas que en la actualidad sufren situaciones de infravivienda o sobreocupación.
· La revalorización y el encarecimiento de la zona, si se pone en marcha un proceso de rehabilitación sin poner límites a los precios de la vivienda y las dinámicas de mercado, reactivando procesos especulativos.
· La expulsión de los residentes actuales, a favor de inquilinos o propietarios de mayor poder adquisitivo o de actividades económicas como los apartamentos turísticos.
· El empeoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres que ejercen la prostitución.
