Artículos aparecidos en el último masala acerca del Àrea de Conservació i Rehabilitació Sant Ramon - Robadors.
ÍNDICE
ÍNDICE
1. Inversores y sociedades privadas concentran el 52% de las viviendas de Robador y Sant Ramon.
2. Efectos de la construcción de la Filmoteca: hacia un nuevo pelotazo.
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3. Cinco asociaciones de barrio y la FAVB presentan alegaciones
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1. Inversores y sociedades privadas concentran el 52% de las viviendas de Robador y Sant Ramon
· El Ayuntamiento es el propietario más importante
· Las propiedades verticales concentran un 38% de los pisos de la zona
· El Ayuntamiento es el propietario más importante
· Las propiedades verticales concentran un 38% de los pisos de la zona
[Nota previa: La totalidad de los datos utilizados en este artículo son extraídos de la documentación hecha pública por el Ayuntamiento de Barcelona para la ACR Robador-Sant Ramon. En ella hay alrededor de 30 bajos de los que no se especifica su uso comercial o residencial. En estos casos nos hemos atenido al uso señalado por el Catastro, incluyendo entre los datos referentes a viviendas aquellos bajos en los que se señala un uso residencial, y excluyendo aquellos en los que se señala un uso comercial. En cualquier caso, en esos 30 inmuebles puede hallarse cierto margen de error respecto a los datos señalados]
Sociedades privadas junto con inversores e inversoras inmobiliarias concentran actualmente más de la mitad del parque de viviendas de la zona Robador-Sant Ramon, delimitada por el Ayuntamiento de Barcelona como Área de Conservación y Rehabilitación. Así se desprende del documento que justifica la declaración de área, y en el cual se enumeran las propiedades afectadas por la futura intervención inmobiliaria. Actualmente actúan en la zona al menos 42 empresas y 13 personas que, con diferentes niveles de concentración de propiedad, acumulan un 52% del total de viviendas que rodean la futura Filmoteca de Catalunya. Concretamente aquellos que poseen fincas enteras son titulares de un 38% de los pisos, mientras que quiénes poseen inmuebles dispersos en diferentes edificios de este enclave, agrupan un 13% [ver gráfico 1]. Una evidente posición de fuerza de los grandes propietarios.
Frente a ellos, un 74% de los habitantes residen en régimen de alquiler y concretamente un 15% mantienen contratos de renta antigua, aunque hay que señalar que son cifras incompletas, ya que en este aspecto el estudio del Ayuntamiento sólo ha abarcado la mitad de las viviendas de la zona. Según esta misma encuesta, en el 25% de los casos los residentes serían propietarios de la vivienda [ver gráfico 2]. Sea como sea, esa relación entre grandes propietarios, pequeños inversores y una alta densidad de arrendatarios, sin descartar la presencia de un número importante de hipotecados, reproduce las condiciones de la violencia inmobiliaria que concretamente en los alrededores de Robador se ha manifestado con particular agresividad y crudeza. No en vano, dos sociedades que destacan entre la nómina de propietarios de estas calles, son MANCIA 2003 SL y Sofic Investiments, ambas denunciadas por los vecinos de Robador 29 y 33 por prácticas de acoso inmobiliario. De hecho, el número 33 es una de las fincas que piensa adquirir el Ayuntamiento por el mecanismo de tanteo y retracto (preferencia de compra), lo cual permitiría a Sofic vender el edificio a precio de mercado.
Un hecho que llama particularmente la atención es que el Ayuntamiento de Barcelona es en la actualidad el propietario más importante del área, con bastante diferencia. El consistorio posee actualmente cuatro edificios, dos en Sant Ramon y dos en Robador, y concentra la titularidad de cincuenta inmuebles. Esa posición puede ser aun mayor si la institución acaba comprando las cinco fincas que dice querer adquirir por el mecanismo de tanteo y retracto, lo que supondría adquirir 94 viviendas más, lo que supondría tener la propiedad de un 23% del parque de viviendas. El hecho es que realmente el Ayuntamiento no ha aclarado, en ningún caso, qué política llevará a cabo una vez posea casi una cuarta parte de los pisos de Sant Ramon y Robador.
Sociedades privadas junto con inversores e inversoras inmobiliarias concentran actualmente más de la mitad del parque de viviendas de la zona Robador-Sant Ramon, delimitada por el Ayuntamiento de Barcelona como Área de Conservación y Rehabilitación. Así se desprende del documento que justifica la declaración de área, y en el cual se enumeran las propiedades afectadas por la futura intervención inmobiliaria. Actualmente actúan en la zona al menos 42 empresas y 13 personas que, con diferentes niveles de concentración de propiedad, acumulan un 52% del total de viviendas que rodean la futura Filmoteca de Catalunya. Concretamente aquellos que poseen fincas enteras son titulares de un 38% de los pisos, mientras que quiénes poseen inmuebles dispersos en diferentes edificios de este enclave, agrupan un 13% [ver gráfico 1]. Una evidente posición de fuerza de los grandes propietarios.
Frente a ellos, un 74% de los habitantes residen en régimen de alquiler y concretamente un 15% mantienen contratos de renta antigua, aunque hay que señalar que son cifras incompletas, ya que en este aspecto el estudio del Ayuntamiento sólo ha abarcado la mitad de las viviendas de la zona. Según esta misma encuesta, en el 25% de los casos los residentes serían propietarios de la vivienda [ver gráfico 2]. Sea como sea, esa relación entre grandes propietarios, pequeños inversores y una alta densidad de arrendatarios, sin descartar la presencia de un número importante de hipotecados, reproduce las condiciones de la violencia inmobiliaria que concretamente en los alrededores de Robador se ha manifestado con particular agresividad y crudeza. No en vano, dos sociedades que destacan entre la nómina de propietarios de estas calles, son MANCIA 2003 SL y Sofic Investiments, ambas denunciadas por los vecinos de Robador 29 y 33 por prácticas de acoso inmobiliario. De hecho, el número 33 es una de las fincas que piensa adquirir el Ayuntamiento por el mecanismo de tanteo y retracto (preferencia de compra), lo cual permitiría a Sofic vender el edificio a precio de mercado.
Un hecho que llama particularmente la atención es que el Ayuntamiento de Barcelona es en la actualidad el propietario más importante del área, con bastante diferencia. El consistorio posee actualmente cuatro edificios, dos en Sant Ramon y dos en Robador, y concentra la titularidad de cincuenta inmuebles. Esa posición puede ser aun mayor si la institución acaba comprando las cinco fincas que dice querer adquirir por el mecanismo de tanteo y retracto, lo que supondría adquirir 94 viviendas más, lo que supondría tener la propiedad de un 23% del parque de viviendas. El hecho es que realmente el Ayuntamiento no ha aclarado, en ningún caso, qué política llevará a cabo una vez posea casi una cuarta parte de los pisos de Sant Ramon y Robador.
Un trabajo de campo realizado en 15 días
El trabajo de campo que avala la ACR tiene algunas incongruencias que ponen en un serio aprieto su credibilidad; por ejemplo, en lo que se refiere a los datos sobre Sant Ramon 21 y 11, ambas fincas de propiedad municipal. Mientras que estos edificios fueron adquiridos por PROCIVESA a mediados de los 90, para el realojo de afectados por la reforma urbanística, el estudio realizado por la empresa GESOP señala a éstas como «fincas con actividad hotelera». Otro aspecto incomprensible del estudio es la exclusión del número 29 de Robador, con el pretexto de que se encuentra cerrado, pese a que el Distrito de Ciutat Vella cuenta con un grueso expediente respecto a esta finca. Gambadas comprensibles si tenemos en cuenta que el denominado «trabajo de campo» se realizó en apenas 15 días y por un equipo de cinco personas, y parece que con un bajísimo nivel de coordinación con el Distrito.
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2. Efectos de la construcción de la Filmoteca: hacia un nuevo pelotazo.
La aprobación en febrero del Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) de Sant Ramón y Robadors, ha generado serias dudas entre un amplio sector de colectivos del barrio. Los objetivos declarados de este proyecto son:
1.Rehabilitar los edificios degradados, fachadas o infravivienda.
2.Favorecer la cohesión social.
3.Evitar la sobreocupación y la desocupación.
A primera vista estos objetivos parecen indiscutibles pero no nos podemos fiar de las propuestas del Ajuntament de Barcelona. Mientras proliferan despidos masivos, desahucios de familias, aumento de la desocupación y recortes en los servicios públicos, la administración municipal parece más entretenida en buscar fórmulas para un nuevo pelotazo antes que en encontrar soluciones para el bienestar general.
1. Rehabilitar edificios degradados.
El coste estimado de la ACR es de 10,4 millones de euros para comprar alrededor del 10% de las 616 viviendas que forman la llamada área y 9,7 millones más para rehabilitar. Más de 20 millones de euros para llevar a cabo reformas en una zona en la que tan sólo el 5,2% de las viviendas son inhabitables, tal y como indica el trabajo de campo que acompaña al proyecto, mientras que el 94,3% presenta una situación apta para vivir.
En el caso de Robador y Sant Ramon, primera zona de Catalunya donde se aplica la herramienta, el Ajuntament contempla diferentes medidas como forzar el alquiler de vivienda desocupada, expropiar fincas y la más anunciada hasta el momento: el Derecho de Tanteo y Retracto. Tal y como se puede leer en el informe oficial Delimitació d'un àrea de conservació i rehabilitació dels carrers d'en Robador i Sant Ramon, los edificios Robadors 33, 5, 12, 25 y 55, y Sant Ramon 1 y 6, se encuentran afectados por el citado derecho, que da preferencia a la administración para comprarlos a precio de mercado, tanto en el caso de que no haya sido vendido (Tanteo) como si ya ha sido adquirido por un comprador (Retracto), sin garantizar la continuidad de las inquilinas/os actuales, pero sí el mayor beneficio para el propietario.
Por otro lado, el pasado jueves 31 de marzo el colectivo Alerta Sant Ramon – Robadors, creado por personas que viven y trabajan en el Raval convocó una reunión informativa acerca del ACR. Principalmente tomaron la palabra vecinas y vecinos del edificio de Robadors 33, caso conocidísimo y todavía no resuelto de mobbing con la connivencia institucional. Nadie allí presente había tenido información previa del ACR.
2. Favorecer la cohesión social.
En la Llei de l'Habitatge la cohesión social se define así: el conjunt de condicions constructives i d'atribució que permetin la diversitat social sobre el territori, mitjançant un parc d'habitatges a preu assequible suficient per tots els segments de població i l'establiment de criteris d'adjudicació dels habitatges protegits que evitin la segregació espacial (...) La mezcla del uso residencial con otros usos urbanísticos (como el comercio), y la accesibilidad son otros elementos de cohesión social, uno de los conceptos estrella del ACR.
En el citado informe oficial no existen medidas que combinen la reforma inmobiliaria con protección a las víctimas de mobbing, alquileres asequibles, realojos, diferenciaciones entre la morosidad real y la forzada, fortalecimiento de infraestructuras de asistencia social, propuestas para la regulación del trabajo sexual; elementos todos a tener en cuenta para hablar de diversidad social y evitar la segregación tal y como reza la ley.
Las alegaciones presentadas por diferentes entidades y personas del barrio subrayan estas deficiencias de manera clara; ¿serán escuchadas? Viendo la reacción de Assumpta Escarp ante la propuesta de Raval per Viure de abrir el debate para la regulación de la prostitución todo parece indicar que no existe voluntad de diálogo.
3. Evitar la sobreocupación y la desocupación.
Barcelona se está convirtiendo en una ciudad de referencia en términos de vulneración de acceso a la vivienda. El elevado número de desahucios, el ataque a las rentas antiguas y la falta de programas de alquiler asequible permanecen a pesar de la gravedad de una situación marcada por la pobreza y por los alquileres desorbitados. En el contexto de crisis la sobreocupación seguirá existiendo si no se encuentran medidas para atajarla. El ACR no establece mecanismos para que la gente que vive en esta situación no acabe en la calle.
A nadie escapará que la desocupación es algo fácilmente solventable con promover el uso de los inmuebles vacíos, ya sea destinándolos a vivienda o a usos sociales.
A nadie escapará tampoco que lo que subyace al ACR es la necesidad de crear un buen escaparate que adorne la todavía por estrenar Filmoteca de Catalunya. Y que las medidas de cohesión social y las buenas palabras sólo interesan para contener conflictos por el derecho a la ciudad que estallarán sin duda con la continuación de la gestión elitista de la actual clase política urbana.
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La aprobación en febrero del Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) de Sant Ramón y Robadors, ha generado serias dudas entre un amplio sector de colectivos del barrio. Los objetivos declarados de este proyecto son:
1.Rehabilitar los edificios degradados, fachadas o infravivienda.
2.Favorecer la cohesión social.
3.Evitar la sobreocupación y la desocupación.
A primera vista estos objetivos parecen indiscutibles pero no nos podemos fiar de las propuestas del Ajuntament de Barcelona. Mientras proliferan despidos masivos, desahucios de familias, aumento de la desocupación y recortes en los servicios públicos, la administración municipal parece más entretenida en buscar fórmulas para un nuevo pelotazo antes que en encontrar soluciones para el bienestar general.
1. Rehabilitar edificios degradados.
El coste estimado de la ACR es de 10,4 millones de euros para comprar alrededor del 10% de las 616 viviendas que forman la llamada área y 9,7 millones más para rehabilitar. Más de 20 millones de euros para llevar a cabo reformas en una zona en la que tan sólo el 5,2% de las viviendas son inhabitables, tal y como indica el trabajo de campo que acompaña al proyecto, mientras que el 94,3% presenta una situación apta para vivir.
En el caso de Robador y Sant Ramon, primera zona de Catalunya donde se aplica la herramienta, el Ajuntament contempla diferentes medidas como forzar el alquiler de vivienda desocupada, expropiar fincas y la más anunciada hasta el momento: el Derecho de Tanteo y Retracto. Tal y como se puede leer en el informe oficial Delimitació d'un àrea de conservació i rehabilitació dels carrers d'en Robador i Sant Ramon, los edificios Robadors 33, 5, 12, 25 y 55, y Sant Ramon 1 y 6, se encuentran afectados por el citado derecho, que da preferencia a la administración para comprarlos a precio de mercado, tanto en el caso de que no haya sido vendido (Tanteo) como si ya ha sido adquirido por un comprador (Retracto), sin garantizar la continuidad de las inquilinas/os actuales, pero sí el mayor beneficio para el propietario.
Por otro lado, el pasado jueves 31 de marzo el colectivo Alerta Sant Ramon – Robadors, creado por personas que viven y trabajan en el Raval convocó una reunión informativa acerca del ACR. Principalmente tomaron la palabra vecinas y vecinos del edificio de Robadors 33, caso conocidísimo y todavía no resuelto de mobbing con la connivencia institucional. Nadie allí presente había tenido información previa del ACR.
2. Favorecer la cohesión social.
En la Llei de l'Habitatge la cohesión social se define así: el conjunt de condicions constructives i d'atribució que permetin la diversitat social sobre el territori, mitjançant un parc d'habitatges a preu assequible suficient per tots els segments de població i l'establiment de criteris d'adjudicació dels habitatges protegits que evitin la segregació espacial (...) La mezcla del uso residencial con otros usos urbanísticos (como el comercio), y la accesibilidad son otros elementos de cohesión social, uno de los conceptos estrella del ACR.
En el citado informe oficial no existen medidas que combinen la reforma inmobiliaria con protección a las víctimas de mobbing, alquileres asequibles, realojos, diferenciaciones entre la morosidad real y la forzada, fortalecimiento de infraestructuras de asistencia social, propuestas para la regulación del trabajo sexual; elementos todos a tener en cuenta para hablar de diversidad social y evitar la segregación tal y como reza la ley.
Las alegaciones presentadas por diferentes entidades y personas del barrio subrayan estas deficiencias de manera clara; ¿serán escuchadas? Viendo la reacción de Assumpta Escarp ante la propuesta de Raval per Viure de abrir el debate para la regulación de la prostitución todo parece indicar que no existe voluntad de diálogo.
3. Evitar la sobreocupación y la desocupación.
Barcelona se está convirtiendo en una ciudad de referencia en términos de vulneración de acceso a la vivienda. El elevado número de desahucios, el ataque a las rentas antiguas y la falta de programas de alquiler asequible permanecen a pesar de la gravedad de una situación marcada por la pobreza y por los alquileres desorbitados. En el contexto de crisis la sobreocupación seguirá existiendo si no se encuentran medidas para atajarla. El ACR no establece mecanismos para que la gente que vive en esta situación no acabe en la calle.
A nadie escapará que la desocupación es algo fácilmente solventable con promover el uso de los inmuebles vacíos, ya sea destinándolos a vivienda o a usos sociales.
A nadie escapará tampoco que lo que subyace al ACR es la necesidad de crear un buen escaparate que adorne la todavía por estrenar Filmoteca de Catalunya. Y que las medidas de cohesión social y las buenas palabras sólo interesan para contener conflictos por el derecho a la ciudad que estallarán sin duda con la continuación de la gestión elitista de la actual clase política urbana.
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3. Cinco asociaciones de barrio y la FAVB presentan alegaciones
El trabajo de campo que avala el Área de Conservación y Rehabilitación tiene algunas incongruencias que ponen en un serio aprieto su credibilidad. Un ejemplo son las fincas Sant Ramon 21 y 11, ambas adquiridas por PROCIVESA a mediados de los 90 para el realojo de afectados por la reforma urbanística, y a las que el estudio de la empresa GESOP señala como «fincas con actividad hotelera». No es la única inconsecuencia. Entre los datos recopilados para el estudio, al realizar una estadística sobre los usos de las viviendas, se agrupaban en un mismo epígrafe: «edificios vacíos, apartamentos turísticos u hoteleros»; tres conceptos que, a todas luces, requieren de una posición y una concepción diferentes. Otro aspecto incomprensible es la exclusión del número 29 de Robador, con el pretexto de que se encuentra cerrado, pese a que el Distrito de Ciutat Vella cuenta con un grueso expediente respecto a esta finca, que incluye denuncias por gravísimas negligencias y por acoso inmobiliario.
En otro orden de cosas, en la descripción de los habitantes de las viviendas que se realiza en el informe, se deslizan calificativos ambiguos e interpretaciones sin una base legal ni rigurosa, y otros que en algunos casos violan la intimidad misma de las personas: «piso patera», «creemos que es un meublé», «esquizofrenia», «según una vecina es un prostíbulo», «diversos rumanos»… son algunos de los científicos conceptos empleados. Esta precariedad analítica, por llamarla de alguna manera, es comprensible si tenemos en cuenta que el trabajo de campo se realizó en apenas quince días, con un equipo de cinco personas, y parece que con un bajísimo nivel de coordinación con el Distrito.
A este trabajo han presentado alegaciones seis entidades: Associació Cultural El Raval, Associació per la Comunicació Independent als Barris (Masala), El Lloc de la Dona, Fundació Escó, FAVB y Genera. Desde diferentes puntos de vista, todas coinciden en que es necesaria una actuación que mejore la situación de los edificios y de los vecinos, pero es de capital importancia que se aplique un especial cuidado y sensibilidad social para evitar que la actuación tenga consecuencias sociales negativas. Concretamente la FAVB afirma que «donat que en altres ocasions els processos impulsats des de l’Ajuntament han agreujat situacions d’exclusió i perjudici cap a les persones més vulnerables, advertim de la imperiosa necessitat de convèncer la població que en aquest cas no es produirà aquesta perversió».
Genera, por su parte, cuestiona seriamente la aplicación de un término como el de «cohesión social», empleado reiteradamente en el estudio, señalando la contradicción de relacionar «actividades que debieran ser tratadas de forma diferenciada, ya que unas son delito y otras no, y su confusión podría implicar además la estigmatización de ciertos colectivos». En el caso concreto de la prostitución señalan que «es notoria la confusión que se hace bajo un lenguaje poco riguroso sobre realidades diferentes que se expresan como “prostíbul”, “meublé” o “activitat de prostitució” indistintamente».
En este sentido, la Fundació Escó denuncia la falta de justificación jurídica de la delimitación de área, ya que «no defineix en cap moment ni detalla els motius pels quals existeix un risc de cohesió social». Por otro lado, Escó pone de relieve algunos comentarios realizados en el trabajo de campo respecto al «predomini d’activitats comercials relacionades amb la telefonia dirigides per immigrants paquistanesos o indis», y que «fins i tot podrien considerar-se racistes ja que el fet que un negoci es dugui a terme per part de persones estrangeres no afecta per res al mateix negoci ni a res més».
Las alegaciones presentadas, por otra parte, dejan patente otro hecho señalado por estas entidades. Además de la falta de información y de mecanismos de información, ha existido una nula interlocución por parte del Distrito y de la empresa responsable del estudio con las numerosas organizaciones sociales que trabajan en la zona. Un hecho significativo de en qué medida esta intervención busca la cohesión social o todo lo contrario.
