· El establecimiento de un criterio y un protocolo de actuación unitario. Un protocolo de actuación única, que reconozca las diferentes realidades sociales y situaciones legales, y que sea aplicable a todos los vecinos en absoluta igualdad de condiciones, evitando la discriminación por indefensión económica, personal o jurídica.
· Creación de una lista de fincas con indicios de mobbing en el pasado o en la actualidad, entregándola a la fiscalía del TSJC, y protegiendo especialmente a los vecinos de estos edificios.
· Realizar una encuesta entre los vecinos que permita diferenciar los casos de morosidad real de los de morosidad forzada.
· Creación de una zona de alquiler protegido, asequible y de larga duración. La cohesión social sólo es posible evitando el sometimiento del espacio a intereses exclusivamente económicos y asegurando el arraigo y la seguridad jurídica de los residentes presentes y futuros en la zona.
· Un estudio-programa que asigne a cada persona víctima de infravivienda o sobreocupación un realojo estable.
· El fortalecimiento de las infraestructuras de asistencia social para las personas en situación de pobreza, diferenciando entre sí realidades que van de la precariedad económica a la drogodependencia, y requieren de herramientas y tratamientos distintos.
· La concreción de propuestas que permitan la regulación estable del trabajo sexual, mediante el diálogo entre las trabajadoras, los vecinos y el Ayuntamiento, con el fin de alcanzar resoluciones concretas y no represivas.
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