El pasado 9 de febrero, sin un proceso previo de información y consultas al tejido asociativo y a las vecinas y vecinos del Raval, el Distrito de Ciutat Vella aprobaba la delimitación de un «Área de Conservación y Rehabilitación» para las calles Robador y Sant Ramón; un proyecto de intervención urbanística que afectará a alrededor de 1.600 personas y 616 viviendas situadas en 63 fincas. Según el propio proyecto, «muy pocos de los edificios estudiados podrían excluirse de este área» y «más de un 20% tienen necesidades importantes de rehabilitación», en muchos casos de rehabilitación integral: la destrucción y reconstrucción completa del interior del edificio, con la consiguiente salida de los vecinos, y el riesgo para los contratos vigentes.
No puede olvidarse que el área delimitada es uno de los escenarios emblemáticos del acoso inmobiliario, de la especulación y de la negligencia y la complicidad institucional con a la criminalidad urbanística en el centro de Barcelona. Casos de mobbing sobradamente conocidos como los números 29 o 33 de Robador, cuyos responsables siguen hoy impunes, y que han hecho la vida imposible a los vecinos o directamente vaciado los edificios al amparo de la tolerancia institucional, hacen poco creíbles los actuales deseos de conservación y rehabilitación.
De la misma manera, y como bien indica el informe que acompaña al proyecto, en estas calles se mezclan realidades sociales y económicas de naturaleza distinta -desde una actividad como el trabajo sexual, hasta situaciones de pobreza, o personas víctimas de de sobreocupación o infravivienda- que el Ayuntamiento pretende resolver con una reforma urbanística e inmobiliaria pura y dura. De hecho, mientras el proyecto, página a
página, se refiere a la cohesión social como un pretexto para la intervención urbanística, no ofrece una sola alternativa sólida para la regularización de la prostitución, para las distintas situaciones de pobreza, o para los problemas de sobreocupación o infravivienda en un espacio cuyos vecinos, como reconoce el informe, en el 98% de los casos tienen en el barrio su residencia habitual.
En este sentido, compartimos que la zona Robador-Sant Ramón, de la misma manera que otras áreas del Raval, requieren de reformas urgentes que mejoren las condiciones de vida de los vecinos. Pero no consideramos que eso pase por una reactivación de la actividad del sector inmobiliario, sino por:
- Una actuación decidida contra aquellos propietarios que por acción, omisión y negligencia han degradado el parque de viviendas y por tanto la vida de los vecinos.
- El blindaje de los actuales residentes y la protección y ampliación del alquiler de protección oficial a precio asequible, condicionando cualquier actuación pública o privada al mantenimiento de los contratos vigentes y la creación de un mercado de alquiler protegido, asequible y de larga duración
- La protección de las personas víctimas de infravivienda o sobreocupación, y la disposición por parte del PMH, la Generalitat y FOCIVESA, de una parte de su parque de viviendas para el realojo de estas personas en el interior del barrio.
- El condicionamiento de cualquier medida destinada a resolver situaciones de pobreza, a la no expulsión de los actuales residentes, y a soluciones basadas en la responsabilidad social y comunitaria.
